¿Qué pueden esperar las mujeres del Pacto de Estado contra la violencia machista?

Con diferente nivel de entusiasmo, pero todas las fuerzas políticas han salido a celebrar que después de seis largos meses de negociación, ya se ha llegado a un acuerdo sobre lo que será el tan mencionado “Pacto de Estado contra la Violencia Machista”. El borrador elaborado, que aún debe aprobarse en la Comisión de Igualdad, recoje 200 medidas en contra de la violencia de género.

¿De dónde surgió el interés por un “Pacto de Estado” de estas características?

El 2016 se cerró con una cifra total de 106 feminicidios, de los cuales menos de la mitad contaban en las cifras oficiales del Estado. Este año, ya son 62 las mujeres asesinadas según Feminicidio.net, pero de éstas tan solo 32 son reconocidas en las cifras oficiales.

Un ciclo que lejos de reducirse, año tras año sigue aumentando. Además de eso, los organismos especializados en violencia hacia las mujeres calculan que más del 80% de las mujeres que han sido asesinadas por la violencia de género no habían denunciado previamente, y que en el Estado español tiene lugar una violación cada 8 horas. O lo que es lo mismo, cuatro mujeres, adultas, jóvenes o niñas son violadas diariamente.

La violencia hacia las mujeres, que afecta a la mitad de la población, se convierte a día de hoy en un problema de primer orden. Sin embargo, hasta la fecha eso no ha evitado que se siga recortando en ayudas contra la violencia machista, ni que se avanzara en leyes precarizadoras que condenan a una gran parte de las mujeres a una sitaución de pobreza, inestabilidad económica y dependencia que las arroja hacia una espiral de violencia de la que es terriblemente dificil salir, tanto más para las mujeres trabajadoras, jóvenes e inmigrantes.

De hecho, los anteriores Presupuestos del Estado aprobados recientemente por el Partido Popular, siguen manteniendo la senda de recortes en prevención de la violencia de género aplicada desde el 2010, bajo el gobierno del PSOE. Lo que significa, que el presupuesto destinado en este Pacto de Estado se da en el contexto de unos presupuestos ya recortados.

Pero los derechos recortados y el aumento constante de la violencia ante la indiferencia cómplice del Estado y sus instituciones, hicieron emerger importantes manifestaciones de rechazo a todas estas agresiones, desde la masiva movilización del 7 de Noviembre hasta la histórica jornada de manifestaciones del pasado 8 de Marzo.

Es en este sentido, que podemos afirmar que el descontento y la movilización en las calles han impuesto a las principales fuerzas políticas del Régimen, que durante décadas han girado la cara ante la violencia machista, la necesidad de contemplar en su agenda política la violencia que sufren millones de mujeres cotianamente.

200 medidas insuficientes para paliar las consecuencias de la violencia machista y prevenir los feminicidios

Finalmente, el documento ha sido firmado por todos los grupos politicos, desde el Partido Popular hasta Podemos, pasando por el PSOE y Ciudadanos. Incluye doscientas medidas y contará con un presupuesto de mil millones de euros en cinco años, aunque no se especifica cuanto irá destinado particularmente a cada uno de los ámbitos que se proponen.

Hasta el momento, han quedado excluídas todas aquellas medidas que no han contado con el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas, un hecho que ya pone de relieve los profundos límites de este “Pactode Estado”.

Como elemento principal, el documento amplía la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, de este modo podrán acceder a los recursos de protección y atención integral. Este es un hecho importante, y hasta la fecha una de las principales reivindicaciones de organizaciones feministas y de mujeres afectadas por la violencia machista.

Hasta ahora, también abría la puerta a una de las principales trampas estadísiticas que usaba el Gobierno para no contabilizar al conjunto de las mujeres víctimas de violencia y rebajar el número de afectadas, además de dejar a un enorme número de ellas sin acceso a las ayudas y la protección más básica.

También se crearán “Unidades de Apoyo” que funcionarán de manera coordinada en los Ayuntamientos y que realizarán seguimientos individualizados. Se suspenderá de la custodia compartida a los padres maltratadores, quienes tampoco tendrán derecho al régimen de visitas.

Otro de los ámbitos que más sobresalen en el documento es la inclusión en todos los niveles educativos de asignaturas de igualdad. Esta medida, que se mueve todavía en el terreno de lo más elemental se convierte en una medida inaplicable mientras no exista una verdadera separación entre la Iglesia y el Estado, el fin del Concordato y la subvención a la educación religiosa. ¿Qué tipo de educación igualitaria puede darse en colegios, institutos o facultades que siguen manteniendo la asignatura de religión en su material pedagógico?

En lo que se refiere al ámbito educativo, también se incluye la necesidad de que las universidades se impliquen en la realización de estudios sobre el acoso, las agresiones y abusos sexuales en los centros educativos.

La prevención en el ámbito sanitario también ocupa un lugar destacado, gracias a la creación de protocolos de detección de violencia machista en urgencias y atención primaria. No cabe duda de que es un hecho relevante, pero llegados a este punto también es necesario señalar que la retirada de la población inmigrante sin papeles del sistema de salud público provocará que estas mujeres sigan siendo “las excluídas” en este “Pacto de Estado”.

En la dirección opuesta, es necesaria la derogación de la ley de extranjería. El cierre de los CIEs. Acceso universal e igualitario a la Sanidad Pública y a todos los servicios sociales con independencia de la situación legal de cada persona, con atención especial de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.

De conjunto el “Pacto de Estado” incluye algunas medidas elementales, que desde hace décadas forman parte del paquete de exigencias más básico de las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, mientras que excluye otras de vital importancia.

Desde Podemos, Ángela Rodríguez, ha señalado que se trata de un “acuerdo de mínimos”, insuficiente porque “carece de un enfoque feminista”. De hecho es cierto que el acuerdo es incapaz de resolver realmente el problema de la violencia machista, pero no solo porque carece de una perspectiva de género, sino porque no se propone afectar las causas estructurales de la violencia machista pero tampoco tomar medidas que afecten los intereses de los capitalistas, que son necesarias para empezar a paliar aunque sea parcialemente la situación de las mujeres que sufren violencia machista.

Medidas elementales como el aumento de los centros de acogida para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia, bajo la autogestión de las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial y judicial, no pueden aplicarse sino es oponiéndose a las grandes fortunas que especulan con el derecho a la vivienda y no tienen ningún reparo en desahuciar y dejar en la calle a familias trabajaoras y mujeres víctimas de la violencia machista.

Como es de esperar, una medida de estas características no podrá arrancarse del acuerdo entre las principales fuerzas políticas del Régimen.

Por su parte, la Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, también ha salido a señalar los límites del documento porque, según sus propias palabras “prescinde de las aportaciones del movimiento sindical y más concretamente de CCOO, sobre garantías de los derechos laborales, protección social y mejoras en la creación de empleo para las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias”.

Lo cierto es que a día de hoy en el Estado español existen 105.400 mujeres más en paro que 2011, mientras que en la actualidad la tasa de empleo femenino alcanza la dramática cifra del 42,15%. Más del 70% de los empleos a temporales a tiempo parcial son ocupados por mujeres, lo que significa que la precariedad femenina no deja de aumentar.

Estas son las consecuencias que ha tenido entre las mujeres la última reforma laboral. Además, la falta de recursos económicos se convierte en uno de los principales impedimentos para que las mujeres puedan salir de las situaciones de violencia al interior de la pareja.

En este contexto, se convierte en una medida de especial urgencia la pelea por el fin de la precariedad laboral, el principal apoyo de la violencia machista, así como de los contratos de obra y servicio, contratas y subcontratas. En esta dirección, se convierte en hecho de una enorme importancia que el los sindicatos, junto a las organizaciones y partidos de izquierda, tomen el objetivo de luchar por el pase a plantilla fija de todas las trabajadoras, la prohibición de los contratos temporales y las ETTs, y el pago de todos los derechos por maternidad, así como por la apertura de guarderías gratuitas a cargo de la patronal y el Estado en fábricas y establecimientos laborales, durante las 24 horas y residencias para personas dependientes gratuitas.

Sin embargo, estas medidas de vital importancia no pueden tener cabida en el llamado “Pacto de Estado contra la Violencia Machista, ni podrán surgir del acuerdo con los partidos del Régimen, expertos en recortar derechos a las mujeres. Sino que al contrario, solo podrán ser el resultado de un movimiento feminista y de mujeres que se proponga arrancarlas a través de la organización y movilización independiente del Estado, los intereses patrionales y los partidos que los representan.

Es decir, un movimiento de mujeres que en la pelea contra el capitalismo y el patriarcado se proponga conquistar los derechos que hoy son negados a las mujeres, enfrentando de raíz las causas verdaderas de estra violencia.

Para conseguirlo, un primer paso es levantar comisiones de mujeres en los centros de trabajo, estudio y en los sindicatos, independientes de las patronales, que tomen los casos de acoso sexual y laboral y organicen al conjunto de las mujeres trabajadoras, jóvenes e inmigrantes para enfrentar la violencia que atraviesan.

¿El principal límite de este “Pacto de Estado”? Precisamente, que no cuestiona la alianza criminal entre el capitalismo y el patriarcado.