La violencia machista en el Estado español en el punto de mira internacional

La violencia machista en el Estado español en el punto de mira internacional

Esta semana conocimos el nuevo informe anual de Amnistía Internacional sobre violencia machista, el cual también deja al Estado Español en evidencia. Entre otras cuestiones, como los casos de represión y tortura, la no garantía del derecho a una vivienda digna o el racismo institucional hacia las personas inmigrantes, la ONG también denuncia la elevada cifra de feminicidios y la falta de protección hacia muchas víctimas de violencia de género.

Por otra parte, también pone en el punto de mira la actual ley impuesta durante el gobierno del PP, que restringe el derecho al aborto a las mujeres menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual.

La misma ONG ya alertó en otras ocasiones sobre las deficiencias en las políticas del Estado hacia la violencia machista, poniendo de relieve las limitaciones de una legislación que sólo reconoce como casos de violencia de género aquellos que se dan dentro del ámbito de una relación sentimental, ya sea en manos de la pareja o expareja. Algo que también deja fuera a muchas de las víctimas de violencia sexual.
Recordemos que según los datos oficiales contabilizados por el Gobierno sobre Víctimas Mortales por Violencia de Género, la cifra total de asesinatos machistas durante el año 2015 es de 56. Sin embargo, esto contrasta con el registro realizado por importantes organizaciones como Feminicidios.net. Los datos son realmente escalofriantes, solo en 2015 se produjeron 109 asesinatos machistas.

Otra cuestión importante a la que hace referencia, que ya vienen denunciando muchas organizaciones de mujeres, son los graves recortes en los servicios especializados destinados a enfrentar la violencia machista. La ONG indica que “Desde 2011 a 2015, se ha producido un descenso del 21% de las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado”.

También expone la gran cantidad de barreras y obstáculos en las que las mujeres se encuentran si deciden denunciar, como la falta de información y la gran cantidad de trámites a realizar, el constante cuestionamento de las víctimas ante la exigencia de excesivas pruebas. Eso supone , que tal y como expone el informe “el 67’8% de las mujeres que reconocen en la Macroencuesta de 2015 haber sufrido violencia no vayan a los juzgados’’.

La ONG señala como dato preocupante que ’’Según el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, en los 6 primeros meses del año 2015 se presentaron más de 62.300 denuncias en los juzgados de violencia contra la mujer, de las que el 39,8% se han archivado sin llegar a juicio. Sólo en un 11’7% de los casos ha habido una sentencia condenatoria contra el agresor”.

Algo que denota la complicidad de un sistema judicial que deja con total impunidad a muchos de los agresores y desprotege por completo a las víctimas.

Una vez más se refleja la responsabilidad del Gobierno y el Estado ante la violencia contra las mujeres, donde es crucial el rol que juegan las propias instituciones judiciales, policiales, los partidos políticos y medios de comunicación. Sin embargo, cínicamente desde estas instituciones es habitual culpabilizar a las propias víctimas. Así lo vimos esta misma semana con las declaraciones que hizo, sin reparo y con total impunidad, el Delegado del Gobierno de Aragón al responsabilizar a la nueva víctima de violencia machista de su propio asesinato por no haber ’denunciado y comunicado debidamente’ su situación.

Àngels Vilaseca

Empleada doméstica precaria, Barcelona

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