La violencia machista: un problema estructural del sistema capitalista y patriarcal
La relación entre el capitalismo y el patriarcado podemos verla en las leyes hechas por el Estado capitalista y sus instituciones que benefician la legitimación de las violencias machistas, como pueden ser las reformas laborales y los recortes en sanidad, Educación y leyes de dependencia, que se suman a las ofensivas que defienden el papel de la mujer como ama de casa y cuidadora dentro del hogar. Y todo esto –recortes y roles de género- también beneficia al capitalismo con el ahorro de las tareas domésticas y de cuidados, es decir, el trabajo de reproducción del trabajo, que llevan mayoritariamente las mujeres dentro de los hogares, y que es indispensable para el mantenimiento de la fuerza de trabajo de la que se nutre el capitalismo.
A diferencia del Estado y sus leyes que considera el feminicidio como un fenómeno aislado, para nosotras es el último eslabón de una larga cadena de violencias machistas. Por lo tanto, consideramos como expresiones de violencia machista el maltrato físico y psicológico, la violencia laboral ejercida hacia la mayoría de las mujeres (trabajadoras, jóvenes e inmigrantes), la sexual, el acoso callejero, o la presión estética, por ejemplo. Sin embargo, ninguna de estas expresiones de violencia machista desaparecerá bajo la actual sociedad capitalista. En el ejemplo de la presión estética, a pesar de que haya mujeres, una minoría, que deciden romper con los cánones estéticos que brutalmente se nos imponen desde pequeñas, no estará al alcance de todas las mujeres hasta que se acabe con el empleo en el que no te contratan si no encajas con lo socialmente considerado atractivo.
Si hablamos del movimiento feminista y de mujeres de las décadas de 1960 y 1970, lo hacemos de un movimiento que denunciaba al sistema patriarcal, pero también al capitalista, y que creía que la total liberación de las mujeres era imposible en una sociedad de clases. Por lo tanto, su estrategia pasaba por enfrentar a la vez, y en unión con otros sectores oprimidos y explotados, estos dos sistemas.
La organización y la lucha política, así como la denuncia al Estado por reproducir y legitimar la opresión hacia las mujeres se reemplazó, en gran medida, por la incorporación a de referentes y militantes feministas a las instituciones para modificarlas “desde dentro”. En este marco, el feminismo consiguió el reconocimiento de la violación marital como violencia, así como del abuso sexual y el acoso callejero.
Respecto a “la tipificación en el sistema penal y el establecimiento de castigos, aunque recoge una relación de fuerzas engendrada por la lucha y la movilización de las mujeres contra la opresión, no puede más que mitigar –apenas en casos singulares– las consecuencias de la violencia patriarcal” (Andrea D’Atri, ‘Patriarcado, crimen y castigo’)
Como señala Andrea D’Atri “paradójicamente, en el acto de exigir el reconocimiento de estas formas de violencia por parte del sistema penal, se obtuvo un resultado inverso al que se buscaba. Porque, aunque la tipificación de estas conductas como delitos permitió que sean visibilizados los padecimientos de las mujeres, el sistema penal funciona mediante la atribución de responsabilidades individuales en la causación de daños.”, culpando a una persona pero no al sistema. “Desde este punto de vista, entonces, la opresión sexual o machista, en sí, no puede constituir un daño o delito que pueda ser castigado mediante el derecho penal. Judicializar la opresión patriarcal limita los alcances de la punición a una serie de conductas tipificadas de las que sólo pueden ser responsables algunos individuos, aisladamente.”, continúa D’Atri. En este sentido, muchas veces se presenta a estos individuos como inadaptados o con algún tipo de patología individual, dejando de lado que el machismo es una cuestión estructural.
Las leyes y la política capitalista tienen un claro objetivo: gestionar los intereses de la burguesía. Confiar en esta legislación como garantía de “protección” o “libertad”, en lo que respecta a la violencia machista, es poner el peso de la lucha contra esta en el mismo Estado que legisla según lo que los intereses que tenga en ese momento, a favor o en contra de los derechos de la mayoría de las mujeres. En el Estado español, los períodos en los que más concesiones a las mujeres se hicieron fueron después de la dictadura franquista, y en la época del gobierno socialista de Zapatero. Pero ¿el Estado capitalista decide, por propia voluntad, dar mayores concesiones a las mujeres? No, es necesidad: necesitaba contener el movimiento feminista y de mujeres para que no se radicalizara más. Además, otro de los puntos importantes es que todos los reconocimientos de los derechos de las mujeres son fruto de la lucha de estas.
En el mejor de los casos, cuando el Estado capitalista hace ciertas concesiones en forma de leyes, ante la vida el problema sigue existiendo porque continúa existiendo un sistema capitalista. Un sistema que tiene uno de sus pilares en la desigualdad. Por lo tanto, a pesar de la legislación, las concesiones no son accesibles a todas las mujeres. Un ejemplo: aquí en el Estado español con el gobierno socialista de Zapatero se concedieron permisos de maternidad. Pero la realidad seguía siendo que miles de mujeres tenían que renunciar a sus trabajos para cuidar de sus hijos e hijas porque tenían unos trabajos precarios y seguía existiendo la brecha salarial entre hombres y mujeres. Todo esto se profundizó con los recortes en sanidad, dependencia y educación, por los que miles de mujeres tuvieron que volver a sus casas a cubrir este trabajo no garantizado por el Estado, dejando sus empleos o cargándose con una doble jornada laboral interminable.
Las leyes contra la violencia de género no significan su erradicación y como vemos en las cifras oficiales, tampoco suponen una reducción en el número anual de víctimas de feminicidios o de los diferentes tipos de violencias machistas.
¿Qué hacemos entonces para enfrentar la violencia machista en todas sus expresiones?
Las masivas movilizaciones que en los últimos años han tenido lugar en el Estado español, en contra de los feminicidios y de las múltiples violencias machistas, son una muestra de que la legislación concreta sobre violencia machista, así como la actuación de la Justicia en estos casos, es insuficiente, incluso tardía.
Eso no significa no acompañar el reclamo de justicia para víctimas de feminicidio o violencia, o la exigencia al Estado por derechos elementales para las mujeres. Pero no nos quedamos ahí, como hacen los feminismos reformistas e incluso el feminismo postmoderno que confía en que el Estado y sus instituciones pongan freno a la violencia machista. Tenemos que levantar una alternativa a esta visión, que muestre que no se puede limitar la lucha por la emancipación a la ampliación de derechos y la búsqueda de castigo por parte del Estado. Por eso defendemos la autoorganización de mujeres en los centros de trabajo, sindicatos y centros de estudios, de manera independiente al Estado y sus instituciones, enfrentando la violencia que estas legitimen y luchando por los derechos de las mujeres. Debemos luchar por reconstruir las alianzas con los demás sectores oprimidos y explotados de la sociedad la clase trabajadora, el estudiantado, la población inmigrante, las personas LGTBI, etc. Para conjuntamente, luchar contra el capitalismo y el patriarcado.
