La Justícia patriarcal persigue y juzga a la víctima de “La Manada”

El grupo de cinco jóvenes, conocidos como “La Manada” se enfrentan a un juicio en el que se les piden más de 22 años a cada uno de ellos por agresión sexual, robo con intimidación y delito contra la intimidad. José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero son los acusados de violar en grupo a una joven madrileña, aunque por el momento se han declarado no culpables y solo uno ha reconocido el robo del teléfono de la joven.

Tres de estos jóvenes tienen antecedentes penales. Además, cuatro están acusados de haber cometido violación, en este caso a una chica de 21 años en Pozoblanco, Córdoba, a la que conocieron en una fiesta y Antonio Manuel (Guardia Civil) le propuso acompañarla a casa en coche. Fue en ese momento en el que tres de sus compañeros de La Manada, entraron en el coche y la agredieron entre todos aprovechando que estaba inconsciente por efecto de la burundanga.

El suceso por el que están siendo juzgado pasó la madrugada del 7 de julio en un portal de Pamplona, donde la víctima fue llevada a la fuerza y violada por turnos mientras se encontraba inconsciente, como demuestra la grabación que realizaron los mismos acusados y posteriormente colgaron en un grupo de whatsapp llamado “La Manada”. En este, participaban 21 hombres, entre amigos y familiares que respondían con comentarios de complicidad y chistes al vídeo de la agresión.

Durante el juicio, la defensa ha aportado un informe de más de 48 páginas en el que se relata el día a día de la joven posterior a la agresión. Se trata de la principal prueba de la defensa, aceptada por el tribunal. Un informe en el que se incluyen desde fotografías recogidas del seguimiento y espionaje a la joven y sus familiares, capturas de sus comentarios y publicaciones en las redes sociales, hasta un informe psicológico que vendría a “demostrar” que está manteniendo una vida normal. Por otra parte, el tribunal dio permiso a la defensa para visualizar los vídeos de la agresión en presencia de la joven si lo consideraba necesario, aunque finalmente no lo pidió.

La justicia no ha sido tan bondadosa ni comprensiva con la acusación, es decir, con la joven. Ni un vídeo de otra agresión en Córdoba, ni un recopilatorio de mensajes de whatsapp en los que se demostraría la voluntad de los agresores de violar conjuntamente durante las fiestas de San Fermín han sido aceptados como pruebas de la acusación. Tampoco aquellos en los que se especifican los métodos que usaban para drogar a las chicas, como el uso de “Burundanga” o “Reinoles”, fármacos hipnóticos para mantener a las víctimas inconscientes.

El caso es paradigmático y ha despertado la indignación en las redes sociales. No solo por la brutalidad de los actos sino por la respuesta del sistema judicial. La desigualadad de trato recibida entre la joven y “La Manada” refleja las profundas raíces patriarcales que atraviesan al sistema judicial de conjunto.

Los medios de comunicación no han tardado en intentar sacar tajada de un caso que en los últimos días ha recorrido sin cesar entre informativos y programas de televisión. Como es el caso del colaborador de Espejo Público (Antena 3), Nacho Abad. Que fue fuertemente criticado en las redes sociales, viéndose obligado a eliminar el tweet que aquí recogemos.

Pero el caso de “La Manada” no es un hecho aislado ya que cada año son violadas en el Estado español más de un millar de mujeres y niñas. Desde el 2008, cuando se empezaron a recoger datos sobre el número de agresiones sexuales por día, se han contabilizado más de 8.900 violaciones.

Otro elemento a destacar, es que la Ley contra la violencia de género, aprobada en el año 2004 y que se sigue manteniendo hasta día de hoy, solo contempla como violencia de género la que se da en el entorno de la pareja y la ex pareja, excluyendo todas las demás formas en las que se expresa la violencia machista, también la violación.

Este caso, como tantos otros, vuelve a demostrar que las mujeres no pueden confiar en los mecanismos del sistema judicial para enfrentar las múltiples violencias machistas que sufren diariamente.