Luchando para que su hija no viva con su maltratador

La vida de Susana Guerrero ha estado teñida por la violencia desde su infancia. Pasó su niñez de centro en centro de menores, debido a la intervención de los servicios sociales por los malos tratos que sufría por parte de su madre.

Un matrimonio empezó el proceso de adopción cuando Susana contaba con 13 años y aquí empezaron los abusos sexuales por parte del marido, cumpliendo condena de varios meses por este delito. Cuatro años más tarde, quedó embarazada de él y tras intentar que abortara, el abusador se separó de su mujer y se llevó a Susana a vivir con él.

A la violencia psicológica y sexual, se le sumó la física. Tras sufrir y denunciar la última agresión, Susana escapó de su casa con Nayara, la hija de ambos. El padre fue condenado por violencia de género pero al confesar haber agredido físicamente a Susana, su pena fue rebajada.

Al trasladarse a vivir a Canarias, el padre empieza la pelea por la custodia de la niña. La jueza titular del juzgado nº5 de Talavera de la Reina (Toledo) obliga a Susana a que su hija cumpla el régimen de visitas, corriendo ella además con los gastos de los viajes desde Canarias a la ciudad toledana.

Desde entonces, han sido dos las denuncias interpuestas contra el padre por abusos sexuales a la menor. La primera se archivó, ya que el peritaje de un psiquiatra no le dio credibilidad a la niña, de la que dijo que estaba siendo manipulada por la madre. La segunda adjuntaba informes de psicólogos y de su pediatra que evidenciaban secuelas psicológicas en Nayara debido a los abusos.

El juzgado de Canarias derivó el caso al de Talavera. En este momento, empieza una espiral de procesos judiciales en los que Susana termina sentándose en el banquillo acusada “de mala fe y dilación del proceso” y también por denuncia falsa.

La jueza Ana Belén Gómez Dorado, la misma que condenó por abusos sexuales y violencia de género al padre de Nayara, dicta sentencia a favor de darle a él la custodia de la hija convirtiendo al verdugo en víctima y a la víctima en verdugo.

El motivo de la sentencia se ampara en el Síndrome de Alienación Parental (SAP), un trastorno acientífico que acuñó el psiquiatra Richard Gardner para referirse a los niños o niñas que se niegan a ver a uno de sus progenitores (normalmente el padre) al ser manipulados e instigados por la madre “paranoica”. Este síndrome sólo se da en el caso en que los padres están en un proceso de divorcio. Si hay denuncias de maltratos y abusos sexuales, el niño automáticamente tiene el SAP.

Esta patología ha sido desestimada por organizaciones y asociaciones de la salud y la psiquiatría por carecer de método científico y es ampliamente considerado un invento para proteger a los pederastas en los juicios de divorcio y custodia de los hijos. Además, contiene un tono misógino dando por hecho la culpabilidad de la madre de denunciar falsamente y la inocencia de los abusos por parte del padre.

Aún así, el SAP sigue siendo aceptado por algunos jueces como argumento de este tipo de sentencias, incluso habiendo sido rechazado como válido por el Consejo General del Poder Judicial. Y uno de estos casos ha sido el de Susana, sufriendo en esta ocasión la violencia judicial.

Por ello está luchando para que se reabra el caso y su hija no tenga que ir a vivir con su maltratador. Y no está sola, organizaciones feministas se están movilizando para que se vuelva a abrir una investigación que admita los nuevos informes psicológicos y forenses y para que se proteja a la menor.