Pese al Pacto de Estado, la violencia machista aumenta en el Estado español en 2017

Pese al Pacto de Estado, la violencia machista aumenta en el Estado español en 2017

Si el 2016 se cerró con una cifra total de 105 feminicidios, registrados por una de las principales organizaciones independientes del Gobierno, Feminicidio.net, tan solo 44 contaban en las cifras oficiales del Estado.

El 2017 aún no ha terminado y ya se han registrado 93 feminicidios, de las cuales solo 46 se reconocieron en cifras oficiales. Lo que destaca en estos datos, a pesar de la invisibilización por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que no reconoce en sus cifras oficiales más de la mitad de estos asesinatos, es que las muertes por la violencia machista no están disminuyendo, sino que están creciendo.

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En las cifras oficiales falta también, Yingying Y, una mujer de 48 años, que fue asesinada el 10 de diciembre en su casa en el distrito del Raval en Barcelona la semana pasada. La policía planteó la hipótesis de que fue asesinada por un cliente, ya que la mujer se encontraba en situación de prostitución, y por lo tanto, no lo contemplan como violencia machista.

Pero esto aunque nos indigne no debe extrañarnos, forma parte de la lógica patriarcal con la que el Estado español contabiliza los asesinatos machistas, reconociendo sólo aquellas mujeres que han sido asesinadas en manos de sus parejas o ex parejas. Sin duda, hasta ahora este ha sido el principal mecanismo que han usado los distintos gobiernos para reducir la cantidad de asesinatos y minimizar el impacto de la violencia machista en las estadísticas anuales.

Pero que la violencia machista se encuentra en las más profundas raíces patriarcales del Estado y sus instituciones, es algo que no es nuevo. Hace escasamente un mes, el caso de La Manada lo volvía a hacer evidente.

Un juicio que se hizo mediático por la enorme indignación que provocó la persecución a la que fue sometida la víctima, cuando el aparato judicial invirtió todas sus energías en intentar a desacreditar a la joven y beneficiar con un trato desigual al grupo de violadores, incluso aceptando un dossier en el que se recopilaba la información de lo que había estado haciendo los días posteriores a la agresión para demostrar que “no estaba tan mal”, mientras a ella se le impedía presentar los mensajes que se habían enviado el grupo de agresores entre ellos, o un vídeo de otra violación en Córdoba.

Otro caso que despertó la rabia de miles de personas, fue el de Juana Rivas a quien la justicia le obligaba a darle su hija al padre y ex marido acusado de violencia machista. En este caso, que tuvo lugar en el mismo momento en el que se desarrollaban las discusiones en relación al Pacto de Estado, vimos cómo finalmente la justicia daba su veredicto a favor del agresor.

Otros hechos polémicos, fue la campaña “menores sin alcohol” que publicitó el Gobierno, supuestamente para concienciar y prevenir el consumo de alcohol en adolescentes, en la que directamente relacionaba las violaciones con el consumo de alcohol “de ellas”.

No sólo no se mencionaba a los hombres cuando se trataba de agresiones sexuales, sino que además se culpabilizaba las mujeres de ser ser violadas por beber alcohol. La campaña causó tal revuelo, que tuvo que retirarse. Aún así conviene recordar que en el Estado español ocurren más de un millar de violaciones al año, se denuncia una cada ocho horas, aunque evidentemente las cifras se multiplicarían si se pudieran contabilizar todas aquellas que no se denuncian.

Si todo esto que estamos diciendo indica algo, es precisamente que la violencia machista lejos de ser “un hecho puntual” o “casos aislados” como tratan de plantearlo los distintos gobiernos, se convierte en algo estructural dentro del sistema capitalista. Estructural precisamente porque impregna desde sus cimientos al conjunto de las instituciones estatales que banalizan, ocultan y reproducen una y mil veces esta violencia.

Por eso mismo, llegados a este punto es necesario preguntarnos ¿qué pueden esperar las mujeres del mismo Estado que niega, invisibiliza y banaliza la violencia machista y los feminicidios? La respuesta parece obvia, entre nada y muy poco.

El Pacto de Estado contra la violencia machista que las mujeres arrancaron con lucha y movilización

Desde los inicios de la crisis, el movimiento feminista y de mujeres redobló sus fuerzas. Esto tiene sentido precisamente porque la crisis económica se descarga con más crudeza sobre las espaldas de las mujeres, las jóvenes y las trabajadoras, recortando en ayudas contra la violencia machista, recortando en ayudas a la dependencia que sobreexplotan a las mujeres con la doble jornada laboral y ampliando la precariedad laboral que les afecta doblemente a ellas.

Evidentemente, ante una situación así las protestas y las movilizaciones contra la violencia y por los derechos de las mujeres han ido siendo cada vez más numerosas y multitudinarias.

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Este 2017, se consiguió algo que para muchas feministas fue considerado un “hecho histórico”. El Congreso de los Diputados aprobó de manera consensuada entre las principales fuerzas políticas 213 medidas que dan cuerpo al llamado Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

Sin embargo ahora, meses después comprobamos que esas medidas que le fueron arrancadas al Estado gracias a la lucha y a las movilizaciones persistentes no son suficientes para resolver la opresión de las mujeres. Y es que precisamente por muchas “medidas” que tome y firme, el Estado sigue siendo el mismo Estado capitalista y patriarcal.

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Justo después de que se conociera el acuerdo del Pacto de Estado, salía la noticia de que por otro lado el Gobierno no está dispuesto a incrementar los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 para luchar contra la violencia de género, a pesar de la presión política y social.

El Gobierno de Rajoy este año ha destinado 27 millones de euros, solo 2,5 millones más respecto a los presupuestos del 2016, un incremento totalmente insuficiente considerando que no va a compensar los recortes de estos últimos años. De hecho los presupuestos 2017 para luchar contra la violencia machista han sido un 8,68% menos respecto al 2011 y las asociaciones de mujeres denuncian que desde 2008 se ha reducido a la mitad.

Ahora, cuando las mujeres asesinadas alcanzan casi una centena y no dejan de incrementar los casos de violencia machista, el tan esperado Pacto de Estado se revela cada vez más como una medida paliativa insuficiente. Para acabar con la violencia machista el camino no podrá ser ningún acuerdo con los mismos partidos que hasta la fecha han sido complices de esta violencia, más bien solo atacando al sistema que se nutre de la opresión de las mujeres, será posible ponerle fin a la violencia machista.

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En unos meses tendrá lugar el 8 de Marzo, y como viene ocurriendo desde hace años, centenares de miles de mujeres saldrán a las calles para reivindicar sus derechos. Como el año pasado, algunas voces dentro del movimiento feminista empiezan a apuntar hacia la idea de llamar a una gran huelga de mujeres para luchar por #NiUnaMenos y por todos nuestros derechos.

Para acabar con la violencia de género es necesario transformar la vida de las mujeres. La mayoría trabajan en condiciones precarias, con salarios de miseria que no son suficiente para vivir ellas junto a sus hijos e hijas. Por eso mismo se convierte en una necesidad imperiosa que para el próximo 8 de Marzo, las organizaciones sindicales junto a la izquierda sindical y política tome en sus manos los reclamos de las mujeres y la lucha contra la violencia machista.

Esto significa luchar contra las reformas laborales, por mejoras salariales y por hacer efectiva la vieja consigna de “a igual trabajo, igual salario”. También, luchar contra las políticas austericidas que ahogan a las mujeres con el trabajo fuera de casa y el trabajo en el hogar, revirtiendo todos los ataques a la conciliación familiar, las ayudas a la maternidad y a la dependencia.

Ni qué decir que para garantizar pisos de acogida para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia machista hay que oponerse a las grandes fortunas que especulan con el derecho a la vivienda y no tienen ningún reparo en desahuciar y dejar en la calle a familias trabajadoras y mujeres víctimas de la violencia machista.

Medidas de estas características no podrán conquistarse por medio de ningún acuerdo parlamentario, para ello es necesario activar las fuerzas sociales del conjunto de la clase trabajadora con las mujeres al frente, y sin duda no podría haber mejor pistoletazo de salida para desarrollar un movimiento de estas características que convirtiendo el próximo 8 de Marzo una gran jornada de huelga general contra la violencia machista, los feminicidios y la defensa de los derechos de las mujeres.

Marta Clar

Estudiante de antropología en la Universitat de Barcelona.

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