Juicio a seis activistas por una protesta contra la Ley del Aborto del PP

Juicio a seis activistas por una protesta contra la Ley del Aborto del PP

El 9 de Febrero de 2014 alrededor de 30 activistas a favor del derecho al aborto entraron en la Iglesia de Sant Miquel de Palma de Mallorca con una pancarta y consignas a favor del “aborto libre y gratuito”, mientras se estaba realizando una misa.

Por este acto de protesta, 6 de ellas fueron acusadas de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. La Fiscalia pidió un año y medio de cárcel para cada una de ellas pero el Obispado de Mallorca, que se presentó como acusación particular, elevó la pena a cuatro años, hecho que desató la indignación en las redes por parte de movimientos sociales,feministas y de mujeres.

A tres días de empezar el juicio, que tuvo lugar el 29 y 30 de Septiembre, los acusados se reunieron con el Administrador Apostólico de Mallorca, Sebastiá Taltavull. Este les proponía retirar la acusación particular si los procesados pedían perdón y reconocían que habían actuado erróneamente.

Las seis activistas no han querido retractarse sobre sus acciones, para poner sobre la mesa una propuesta de acuerdo con el Obispado en la víspera del juicio.
El escrito del acuerdo le pedía al Obispado que admitiera que la interrupción en la misa en Sant Miquel se produjo en un momento en el que se estaba debatiendo la reforma de la Ley del Aborto del ex-ministro de Justicia Gallardón y en un contexto de movilizaciones y protestas contra esta ley que al final se consiguió derrotar.

Como sostiene Sònia Domènech, portavoz de las acusadas, el objetivo de esta acción era “señalar el papel de la Iglesia como agente activo en la construcción de esa ideología centrada en la restricción del derecho al aborto” y lo señalaron ejerciendo la libertad de expresión, siendo una “protesta pacífica, simbólica y legítima” porque “se estaban a punto de vulnerar los derechos de las mujeres de una forma muy agresiva”.

Con estos argumentos, las acusadas exigieron al Obispado que reconociera que la libertad de culto y la libertad de expresión son derechos fundamentales y que admitiera que estos hechos “han supuesto una desazón y sufrimiento, tanto al colectivo feminista como la Iglesia de Mallorca”.

El Obispado rechazó el acuerdo bajo el pretexto de que las acusadas seguían sin reconocer ninguna culpa. De esta forma, el juicio sigue sin resolverse, mientras, durante los días en los que se han celebrado sesiones del mismo se han convocado concentraciones en apoyo a las activistas encausadas bajo el lema ’Defender el derecho al aborto no es ningún delito’.

Las organizaciones de mujeres y feministas vienen organizándose en todo el Estado en solidaridad con las encausadas, y fue una reivindicación durante el 28S.

Nadia Celaya

Trabajadora precaria, Zaragoza.

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